Objeto de estudio y disciplina de la Política Criminal, así como finalidad general y específica de la Política Criminal
La política criminal es una disciplina fundamental dentro del ámbito del derecho penal y la criminología, encargada del estudio y aplicación de estrategias para prevenir y controlar los diversos delitos y sus efectos de pena, se basa en analizar la criminalidad y sus causas, así como las respuestas institucionales por parte del Estado y de la sociedad para mitigar y enfrentar el fenómeno delictivo, aportando medidas de prevención y represión.
No sólo hace referencia a las conductas que se
evaluaron como delitos y a las cuales se le asignaron una sanción; implica,
además, una serie de repuestas extrapenales que se realizan muchas veces con
participación de organismos no gubernamentales o grupos sociales, tendientes a
la prevención temprana de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de
ciertas formas delictivas. Así, el objeto de estudio de la política criminal se
encuentra integrado no sólo por el derecho penal sino también por aquellas
instituciones que tengan como fin, desde la perspectiva política, la prevención
y el control del delito y la criminalidad (Acevedo, 2004, p. 41).
Dicha política
colabora con diferentes áreas de conocimiento como la: criminología, el derecho
penal, la sociología y la psicología con el fin de buscar soluciones eficientes
al problema de la criminalidad.
Según Echeverría
la política criminal es crítica y legislativa; debe ocuparse de la averiguación
de las “causas de los delitos, medios eficaces para la lucha contra él y
reforma legislativa inspiradas en ese sentido práctico”.
Si bien la política criminal es un campo en constante cambio, adaptándose a los cambios sociales y a las nuevas modalidades delictivas, su estudio conlleva elementos del fenómeno criminal y la reacción del estado ante ello, incluyendo lo siguiente:
- Causas del comportamiento
criminal: Examina los elementos estructurales, socioeconómicos y
psicológicos que impulsan a los individuos a cometer delitos.
- Modelos de intervención por
parte del Estado: Examina las diversas formas en que el gobierno
puede abordar el crimen, desde políticas de prevención hasta efectos de
pena.
- Sanciones penales
y judiciales: Examina la efectividad de las sentencias impuestas por
parte de la Fiscalía y aquellas que no implican encarcelamiento.
- Las estrategias de prevención y
reintegración: Formulación de métodos para mitigar la reincidencia en
el delito y fomentar la rehabilitación de los delincuentes.
La Política
Criminal se divide en dos aspectos principales:
Política
Criminal General: es la
respuesta estratégica del Estado para combatir la criminalidad, mediante creación
de leyes, organización del sistema de justicia penal y judicial, así como la
creación de mecanismos de prevención.
Política
Criminal Específica: son
las medidas concretas que se implementan para alcanzar los objetivos de la
política general, enfocándose en problemas concretos de criminalidad, buscando respuestas
específicas para delitos como el narcotráfico, la violencia de género y la
delincuencia penal juvenil.
La finalidad de la política criminal es garantizar la seguridad y el orden social mediante la reducción del delito y la aplicación de estrategias que promuevan la convivencia pacífica y la justicia correctiva.
La finalidad general se basa en la protección de los ciudadanos en contra el delito, asegurando que las respuestas del Estado ante la criminalidad sean eficaces y asertivas ante los derechos fundamentales, para ello, se establecen mecanismos de control social que regulan la conducta de los ciudadanos, reducen los índices de delincuencia y garantizan que los delincuentes sean sancionados de manera justa y equitativa según la ley.
Otras finalidades:
- Prevención
del delito: mediante implementación de políticas que reduzcan los factores de
riesgo y promuevan condiciones sociales que disminuyan la comisión de delitos.
- Persecución
penal efectiva: desarrollo de sistemas judiciales que permitan la
identificación, captura y enjuiciamiento de delincuentes de acuerdo a las leyes
penales y judiciales del país.
- Rehabilitación
y reinserción social: creación de programas que faciliten la integración de los
infractores en la sociedad, evitando la reincidencia y fomentando oportunidades
de desarrollo personal, laboral y social.
- Protección de
los derechos humanos: garantía de que todas las estrategias de control del
delito se lleven a cabo con respeto a los derechos ciudadanos.
- Optimización
de los recursos: uso eficiente de los recursos públicos para combatir la
criminalidad sin comprometer otros aspectos esenciales del desarrollo social
del país.
Si bien, el estudio
y aplicación de una política criminal adecuada es fundamental en el desarrollo de
cada país donde la delincuencia adopta formas cada vez más complejas y
complicadas, fenómenos como el crimen organizado, la ciberdelincuencia y la
corrupción requieren respuestas más eficaces que las estrategias tradicionales
no han podido solucionar y no han dado los resultados esperados, es por ello
que las políticas criminales modernas enfatizan la necesidad de una
aproximación integral, basada en la prevención, la educación y la reinserción
social.
En conclusión,
la política criminal es un componente esencial de la gestión estatal de la
seguridad y la justicia. Su disciplina abarca tanto el estudio de la
criminalidad como la formulación de respuestas efectivas que garanticen la
convivencia pacífica entre los ciudadanos, la combinación de enfoques
preventivos, represivos y de rehabilitación permite desarrollar estrategias
equilibradas que protejan los derechos de la sociedad y de los individuos,
promoviendo un sistema de justicia más justo, eficiente y humano.
También se puede indicar que el daño social es un indicador sociocultural, el cual en su construcción reúne un conjunto de representaciones sociales que determinaron su creación.
Por lo tanto los hechos delictivos, provocan afectaciones a una persona o la propia sociedad, o bien llegan a afectar intereses particulares sean individuales o bien colectivos. Por lo tanto, se puede decir que el hecho delictivo provoca responsabilidad civil, generando daños que afectan a la calidad individual de las propias personas.
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